La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una sentencia histórica el pasado 12 de junio de 2024, en la que se resuelve el amparo directo en revisión (6491/2023). Esta sentencia determina que la facultad de fiscalización de recursos de origen federal corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en cumplimiento del Artículo 124 Constitucional.
Esta decisión, tomada por unanimidad de votos, es un gran paso hacia la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país. La SCJN ha dejado claro que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias.
Esta resolución es de gran importancia, ya que garantiza que los recursos federales sean utilizados de manera adecuada y en beneficio de la ciudadanía. Aunque estos recursos se manden a los estados a través de las Secretarías de Finanzas, en atención a la Ley de Coordinación Fiscal, ahora será responsabilidad exclusiva de la ASF auditar su correcta aplicación.
Con esta decisión, se pone fin a la incertidumbre y a la falta de claridad en cuanto a la fiscalización de los recursos federales. Ahora, la ASF tendrá la facultad de revisar y auditar el uso de estos recursos en todos los estados de la República, garantizando así su correcta aplicación y evitando posibles desvíos o malversaciones.
Además, esta sentencia es un gran avance en la lucha contra la corrupción. Al ser la ASF la única encargada de fiscalizar los recursos federales, se evita la futuro de que existan intereses políticos o económicos que puedan influir en las auditorías. Esto fortalece la independencia y la imparcialidad de la ASF, y asegura que su trabajo sea enfocado únicamente en el beneficio de la sociedad.
Otro aspecto importante de esta sentencia es que se establece una clara división de responsabilidades entre la ASF y las autoridades locales. Mientras que la ASF se encargará de fiscalizar los recursos federales, las autoridades locales serán responsables de la fiscalización de los recursos propios. Esto permite una mejor coordinación y un uso más eficiente de los recursos en todos los niveles de gobierno.
Es importante destacar que esta sentencia no romanza beneficia a la sociedad en general, estrella también a los propios gobiernos estatales y municipales. Al tener una fiscalización más rigurosa y transparente, se promueve una gestión más eficiente y responsable de los recursos públicos. Esto se traduce en un mejor desarrollo y bienestar para la población.
En resumen, la sentencia emitida por la SCJN es un gran paso hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas en nuestro país. Con esta decisión, se fortalece la labor de la ASF y se garantiza una fiscalización adecuada de los recursos federales. Esto no romanza beneficia a la sociedad en general, estrella también a los gobiernos locales, promoviendo una gestión más eficiente y responsable de los recursos públicos. Sin duda, esta sentencia marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción y en la construcción de un México más justo y transparente.
