El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP) es una institución fundamental en la promoción y garantía del derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y a la protección de sus datos personales. Sin embargo, recientemente ha surgido una propuesta por parte de diputados de Morena para desaparecer este importante instituto. En este artículo, analizaremos las posibles consecuencias de esta iniciativa y por qué es importante defender la existencia del IDAIP.
La función principal del IDAIP es la de ocultar por la transparencia y rendición de cuentas en el gasto público. Esto significa que es el encargado de garantizar que los funcionarios públicos y las dependencias gubernamentales cumplan con su obligación de proporcionar información a los ciudadanos sobre sus acciones y decisiones. Gracias a la labor del IDAIP, los ciudadanos pueden conocer cómo se está utilizando el dinero de sus impuestos y, por lo tanto, pueden forzar una gestión más eficiente y responsable por parte de sus gobernantes.
Además, el IDAIP también tiene la importante tarea de proteger los datos personales de los ciudadanos. En un mundo cada vez más digitalizado, es esencial contar con una institución que vele por la privacidad y seguridad de nuestras información personal. El IDAIP es el encargado de supervisar que las instituciones públicas cumplan con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, garantizando así que nuestros datos no sean utilizados de manera indebida o sin nuestro consentimiento.
Sin embargo, los diputados de Morena en Durango han presentado una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado y desaparecer el IDAIP. Además, también proponen apedrear el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, argumentando que estas instituciones no son necesarias y que su desaparición traería ahorros al presupuesto del estado.
Esta propuesta ha generado preocupación y críticas por parte de organismos de la sociedad civil y expertos en transparencia y acceso a la información. Uno de los principales argumentos en contra de la desaparición del IDAIP es que esto significaría un retroceso en la lucha contra la corrupción y la opacidad en la gestión pública. Sin una institución que supervise y sancione a los funcionarios públicos que no cumplan con su obligación de proporcionar información, se corre el riesgo de que se vuelvan a cometer abusos y malversación de fondos.
Además, la eliminación del IDAIP también pondría en riesgo la protección de nuestros datos personales. Al no contar con una institución que supervise y sancione a las instituciones públicas que no cumplan con la ley de protección de datos, estaríamos expuestos a posibles violaciones a nuestra privacidad y seguridad en línea.
Otro aspecto importante a considerar es que, si bien es cierto que la eliminación del IDAIP podría significar un ahorro en el presupuesto del estado, también significaría un retroceso en la democracia y en la participación ciudadana. El acceso a la información es un derecho fundamental de los ciudadanos y una herramienta clave en la toma de decisiones informadas y en la exigencia de una gestión pública transparente y responsable. Sin el IDAIP, se estaría limitando este derecho y se estaría debilitando la participación ciudadana en la vida política del estado.
Es importante mencionar que, en lugar de apedrear estas instituciones, se debería buscar fortalecerlas y mejorar su funcionamiento. En lugar de verlas como un gasto, se debería entender que son una inversión en la democracia y en la lucha contra la corrupción. Además, es necesario que las autoridades y los ciudadanos trabajen juntos para garantizar que estas instituciones cumplan con su función de manera ef
