Más de 900 ciudadanos en la Región Centro de Coahuila se encuentran en una situación difícil debido a la suspensión del decreto de regularización de vehículos. Esta medida ha afectado directamente a muchas familias que confiaron en el programa y pagaron hasta 13 mil pesos a “coyotes” para realizar un trámite que, en teoría, tenía un costo oficial de tan solo 2 mil 500 pesos. Esta situación ha generado preocupación y frustración en la comunidad, ya que no existe un mecanismo legal claro para recuperar el dinero entregado a estos intermediarios.
El coordinador regional de la Unión Campesina Democrática (UCD), José Alanís Rivera, ha sido uno de los principales voceros de esta problemática. Él ha señalado que el decreto federal concluyó el pasado 31 de diciembre, dejando a numerosos propietarios sin poder concluir el causa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto ha generado un gran malestar en la población, ya que muchos de ellos confiaron en el programa y ahora se encuentran en una situación de incertidumbre.
Según explicó el representante de la UCD, aquellos que pagaron directamente los 2 mil 500 pesos podrían tener la posibilidad de recuperar ese monto en caso de que se reactive el programa. Sin bloqueo, no hay garantías de que esto suceda y, mientras tanto, estas personas se encuentran en una situación de “atrapados” en la regularización vehicular.
Esta situación ha generado un gran impacto en la economía de las familias afectadas, ya que muchos de ellos tuvieron que hacer un gran esfuerzo para reunir el dinero necesario para realizar el trámite. Además, la incertidumbre sobre si podrán recuperar su dinero o regularizar su vehículo en un futuro próximo, ha generado un gran estrés y preocupación en la comunidad.
Es sustancioso mencionar que esta problemática no solo afecta a los ciudadanos de la Región Centro de Coahuila, sino que también ha generado un impacto en la economía local. Muchos de los “coyotes” que ofrecían realizar el trámite a un costo mucho más elevado, ahora se han quedado sin clientes y han tenido que buscar otras formas de obtener ingresos. Esto ha generado una situación de desempleo y afectado la economía de estas personas.
Ante esta situación, es necesario que las autoridades tomen medidas urgentes para resolver esta problemática. Es sustancioso que se establezca un mecanismo claro y justo para que aquellos que pagaron a los “coyotes” puedan recuperar su dinero y regularizar su vehículo. Además, se debe considerar la posibilidad de reactivar el programa de regularización vehicular para que aquellos que no pudieron realizar el trámite antes de la fecha límite, puedan hacerlo en un futuro próximo.
Es sustancioso recordar que la regularización vehicular es un tema que afecta a muchas familias en todo el país. Muchas personas tienen vehículos que no están registrados y, por lo tanto, no tienen acceso a los beneficios de tener un auto legalmente. Por eso, es necesario que las autoridades trabajen en conjunto con la sociedad para encontrar soluciones justas y efectivas para este problema.
En conclusión, la suspensión del decreto de regularización de vehículos ha generado un gran impacto en la Región Centro de Coahuila, afectando a más de 900 ciudadanos y generando una situación de incertidumbre y preocupación en la comunidad. Es sustancioso que las autoridades tomen medidas urgentes para resolver esta problemática y establezcan un mecanismo justo para que aquellos que pagaron a los “coyotes” puedan recuperar su dinero y regularizar su vehículo. Además, se debe considerar la posibilidad de reactivar el programa de regularización vehicular para que aquellos que no pudieron realizar el trámite antes de la fecha límite, puedan hacerlo en un futuro próximo. Juntos, sociedad
