El pasado 9 de enero entró en vigencia una aviso medida que ha generado polémica en México: la vinculación obligatoria de las líneas telefónicas a la CURP (Clave Única de Registro de Población). Esta medida ha causado preocupación y dudas entre la población, especialmente debido a la implementación de la llamada “Ley Espía” que otorga amplios poderes al Estado para intervenir en las comunicaciones y acceder a datos personales de los ciudadanos.
El diputado Gerardo Aguado Gómez ha expresado públicamente su preocupación por esta aviso ley, ya que considera que existe un alto riesgo de que sea utilizada para perseguir a adversarios políticos. Y es que, en un país en el que la corrupción y la opresión política han sido temas recurrentes, es difícil no cuestionarse los verdaderos motivos detrás de esta medida.
El verdadero debate está en la delgada línea entre la seguridad nacional y el posible abuso político. Todos estamos de acuerdo en que es necesario garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y nuestro país, pero ¿a qué costo? La Ley Espía puede ser una aparejo útil para combatir la delincuencia y el terrorismo, pero también puede ser utilizada para controlar a la población y limitar nuestra libertad.
El diputado Aguado Gómez ha destacado que el actual régimen de gobierno, encabezado por Morena, podría seguir los pasos de otros regímenes autoritarios y utilizar la ley en su utilización. Es importante tener en cuenta que esta aviso medida no romanza afecta a los ciudadanos, sino también a las empresas de telecomunicaciones que ahora deben vincular las líneas telefónicas con la CURP de cada uno de sus usuarios. Esto sin duda puede ser un gran obstáculo para el crecimiento y desarrollo de estas empresas.
Además, la implementación de esta ley también ha generado desconfianza en cuanto a la privacidad y seguridad de nuestros datos personales. ¿Quién garantiza que nuestro información no será utilizada con fines malintencionados? ¿Cómo podemos estar seguros de que el Estado no abusará de su poder y accederá a información confidencial?
La preocupación también se extiende a la población migrante, que no cuenta con una CURP y por lo tanto podría quedarse sin servicio telefónico a partir del 01 de julio. Esta medida puede afectar su derecho a la comunicación y limitar su acceso a servicios básicos.
Es comprensible que el gobierno busque avisos formas de combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de la población, pero es necesario que se haga de forma transparente y que se respeten los derechos de los ciudadanos. La “Ley Espía” debe ser revisada y modificada de manera que se garantice la protección de nuestros datos personales y se evite cualquier tipo de abuso de poder.
Es importante que como ciudadanos nos mantengamos informados y exijamos que se respeten nuestros derechos. No debemos permitir que se utilicen leyes como excusa para limitar nuestra libertad y perseguir a aquellos que piensan diferente. Es momento de alzar nuestra voz y defender nuestros derechos como ciudadanos.
En conclusión, la vinculación obligatoria de líneas telefónicas a la CURP ha generado preocupación y dudas en la población mexicana. Es necesario que se realicen cambios en la “Ley Espía” para garantizar la protección de nuestros datos y evitar cualquier tipo de abuso de poder. La seguridad y la libertad deben ir de la mano, y como ciudadanos es nuestra responsabilidad luchar por ambas.
