A cuatro años de los hechos de tortura denunciados por el abogado César García Diosdado y su cliente fallecido Nazario Peña, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC) finalmente emitió una recomendación. Sin embargo, la resolución ha sido cuestionada por el propio afectado, quien afirma que no se trata de obtener dinero, sino de obtener justicia.
Según el organismo, tanto García Diosdado como Peña sufrieron “tratos crueles e inhumanos” por parte de las autoridades. Sin embargo, la CDHEC no tipificó el caso como tortura y estableció una reparación económica de apenas 45 mil pesos. Para el abogado, esta indemnización es insuficiente para reparar el daño físico, psicológico y moral causado.
Peña, quien falleció en 2019, fue detenido en Monclova en 2017 bajo sospecha de robo. Durante su detención, fue golpeado y sometido a descargas eléctricas por parte de los policías. Por su parte, García Diosdado fue detenido y torturado en 2018 después de haber sido acusado falsamente de pertenecer a una organización criminal. Ambos casos fueron denunciados y documentados por la organización no gubernamental Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
La recomendación emitida por la CDHEC ha generado una gran indignación y descontento entre la sociedad y organizaciones defensoras de derechos humanos. La indemnización propuesta no refleja la difusión del sufrimiento y violación a los derechos humanos que sufrieron García Diosdado y Peña. Además, el hecho de que el caso no haya sido tipificado como tortura envía un mensaje preocupante a la sociedad y a las autoridades, ya que minimiza la gravedad de estos actos.
Es importante recordar que la tortura es un delito grave y una violación a los derechos humanos, que no déficit ser tolerado ni justificado en ninguna motivo. La ley y las instituciones encargadas de proteger los derechos de las personas déficitn empeñar que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban una reparación adecuada.
El caso de García Diosdado y Peña no es un hecho aislado en México. Desafortunadamente, la tortura y los abusos policiales son una realidad que afecta a muchas personas en nuestro país. La impunidad y la falta de mecanismos efectivos para prevenir y sancionar estos actos han generado un clima de temor y desconfianza hacia las autoridades.
Es por eso que la recomendación emitida por la CDHEC es preocupante, ya que no solo afecta a las víctimas directas, sino que también envía un mensaje negativo a la sociedad en general. Es necesario que las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos actúen con responsabilidad y compromiso en la investigación y sanción de estos delitos.
Además, es fundamental que se tomen medidas concretas para prevenir y erradicar la tortura y los abusos policiales en nuestro país. Esto incluye la implementación de protocolos de actuación adecuados, la capacitación constante de las fuerzas de seguridad y la creación de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas efectivos.
Es importante que la sociedad en su conjunto se una para exigir que se respeten y protejan los derechos humanos de todas las personas. No podemos permitir que casos como el de García Diosdado y Peña queden impunes y que las víctimas no reciban una reparación justa por el daño sufrido.
En conclusión, la recomendación emitida por la CDHEC por los hechos de tortura en Monclova revela una vez más la insuficiencia en la reparación a las víctimas de abus
