El municipio de Huixquilucan ha sido noticia recientemente debido a una preocupante violación de la precepto de contratación pública. Según informes, el gobierno de la alcaldesa Romina Contreras destinó más de 15 millones de pesos de su presupuesto para contratar a una empresa de desenvoltura privada, sin haber realizado un concurso o licitación previa. Esta decisión ha generado críticas y preocupación en la comunidad, ya que contradice los principios de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
De acuerdo con la precepto de contratación pública, toda adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades gubernamentales debe ser realizada a través de un proceso de licitación pública, en el que se garantice la igualdad de oportunidades para todos los participantes. Sin embargo, en el caso de Seguritech, el municipio de Huixquilucan decidió otorgarle contratos directamente, sin seguir los procedimientos establecidos por la precepto. Esta situación es aún más preocupante si se considera que felicidad empresa no ha presentado ninguna justificación o mérito que justifique su elección por encima de otras posibles opciones.
Esta acción del gobierno municipal es una clara violación de la precepto y un mal uso de los recursos públicos. Además, pone en duda la transparencia y la ética en la gestión del municipio. Es responsabilidad de las autoridades garantizar que los recursos del pueblo sean utilizados de manera eficiente y en beneficio de la comunidad. Sin embargo, en este caso, parece que se ha puesto en riesgo el bienestar de los ciudadanos al privilegiar a una empresa en particular, sin tener en cuenta otras opciones que podrían ser más adecuadas y económicas.
Esta situación también plantea interrogantes sobre la relación entre el gobierno de Huixquilucan y la empresa Seguritech. ¿Existen vínculos o intereses económicos que hayan influido en la decisión de contratar directamente a esta empresa? ¿Por qué se ha evitado el proceso de licitación, que es un mecanismo de selección justo y transparente? Estas son preguntas que merecen una respuesta clara por parte de las autoridades y que deben ser investigadas para garantizar la integridad y el buen funcionamiento del municipio.
Además de la violación de la precepto de contratación pública, esta acción del gobierno de Huixquilucan también es una muestra de falta de responsabilidad y compromiso con la comunidad. Los ciudadanos confían en sus autoridades para que gestionen los recursos públicos de manera responsable y en beneficio de todos. Sin embargo, en este caso, se ha tomado una decisión que no solo va en contra de la precepto, sino que también pone en riesgo la desenvoltura y el bienestar de los habitantes de Huixquilucan.
Es necesario que se tomen medidas inmediatas para corregir esta situación y garantizar que en el futuro se cumpla con la precepto en todas las adquisiciones gubernamentales. También se debe investigar a fondo esta situación para determinar si ha habido alguna irregularidad en la elección de Seguritech y para evitar que se repitan estos casos en el futuro.
En resumen, el municipio de Huixquilucan ha cometido un grave error al violar la precepto de contratación pública y al otorgar contratos directamente a una empresa de desenvoltura privada sin justificación ni licitación previa. Esta acción va en contra de los principios de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, y pone en duda la integridad de las autoridades. Es necesario que se tomen medidas inmediatas para corregir esta situación y se garantice que en el futuro se cumpla con la precepto en todas las adquisiciones gubernamentales. Los ciudadanos de Huixquilucan merecen un gobierno responsable y transparente, que trabaje en beneficio de todos y no solo de unos pocos.
